Amenazas con fotos de armas para exigir dinero a una víctima en Gran Canaria
La Guardia Civil ha investigado a tres hombres como presuntos autores de un delito de extorsión y amenazas tras una operación desarrollada por agentes de la Comandancia de Las Palmas. La actuación se inició después de la denuncia presentada por un vecino de Agüimes que aseguró haber sido víctima de un chantaje económico a través de llamadas telefónicas y aplicaciones de mensajería.
Según la Guardia Civil, los hechos se produjeron después de que la víctima contactara con una mujer para contratar un servicio sexual, en un establecimiento de ocio del municipio de Santa Lucía de Tirajana. Aunque el encuentro finalmente no llegó a producirse, aseguran los investigadores, posteriormente comenzó a recibir amenazas y reclamaciones económicas de distintas personas.
Los hechos se remontan a finales del pasado año, cuando el denunciante contactó con una profesional A poco después comenzó a recibir llamadas de varias personas que le reclamaban diferentes cantidades de dinero; una extorsión por servicios sexuales.
Los interlocutores justificaban las exigencias económicas alegando supuestos gastos derivados de logística y reservas de servicios VIP. Ante el temor generado por las amenazas, la víctima realizó tres transferencias mediante una plataforma de pago instantáneo por un importe total de 900 euros.
Sin embargo, las peticiones de dinero continuaron. Según la investigación, los presuntos autores reclamaron posteriormente otros 1.500 euros y aumentaron la presión mediante mensajes enviados por aplicaciones de mensajería en los que incluían la imagen de un arma de fuego y amenazas de acudir al domicilio del afectado si no realizaba nuevos pagos.
Investigación tecnológica
Tras recibir la denuncia, agentes del Puesto Principal de Agüimes iniciaron una investigación centrada en el análisis de las evidencias digitales y de los movimientos económicos vinculados al caso.
Las pesquisas permitieron identificar a los titulares de las líneas telefónicas utilizadas para efectuar las amenazas, gracias a las gestiones realizadas con distintas operadoras de telecomunicaciones. Paralelamente, el seguimiento de los pagos efectuados por la víctima permitió localizar al destinatario final del dinero.
La Guardia Civil señala que esta persona contaba con antecedentes policiales relacionados con hechos similares cometidos en otras provincias españolas, circunstancia que llevó a los investigadores a detectar un posible patrón de actuación.
La colaboración con entidades financieras también resultó clave para rastrear el recorrido de los fondos y evitar su dispersión a través de distintas cuentas bancarias.
