A vueltas con el Rally: el PP afirma que el procedimiento “estaba viciado”

Aseguran hoy desde el Partido Popular en el Cabildo de Lanzarote que, tras estudiar el expediente sobre el Rally Isla de Los Volcanes, el informe del área de Política Territorial señala que el área de Actividades Clasificadas, “nunca debió pronunciarse en relación a la autorización o no del Rally Isla de Los Volcanes porque este tipo de autorizaciones, licencias o permisos son competencia del Consejo de Gobierno y no de Actividades Clasificadas, como así lo estable el artículo 80.2 de la Ley 4/2017, más conocida como la Ley del Suelo”.

Explican los conservadores que “el propio informe llega incluso a establecer que, de ser utilizada la Ley 7/2011, el acto administrativo estaría viciado ya que no es el procedimiento administrativo legalmente establecido, siendo el Consejo de Gobierno Insular el que debió pronunciarse al respecto de la autorización”.

Por lo tanto, continúan, “queda más que probado con el informe técnico del área que dirige la propia presidenta que, además de mala gestión, se habría producido también una irregularidad en el marco de la administración en relación a la tramitación del expediente por parte del PSOE”.

Para el consejero Jacobo Medina, “el hecho de que la no autorización por parte del área de Actividades Clasificadas no siguiera el trámite legalmente establecido podría acarrear graves consecuencias para el Cabildo, con independencia de que se constata que el Grupo de Gobierno ha venido sosteniendo un argumentario falso ante la población y dirigiendo las miradas hacia una sola consejera cuando la responsabilidad debía recaer única y exclusivamente en el Consejo de Gobierno Insular”.

Jacobo Medina critica, dice textualmente, “la política del engaño y el todo vale” que está ejerciendo el gobierno y asegura que “no se puede seguir gestionando administraciones públicas como si fuesen un juego o sin medir las consecuencias porque las actuaciones de los cargos públicos pueden acarrear graves perjuicios a la población. La ciudadanía tiene que ver en la administración pública legalidad y fiabilidad”, concluye el consejero popular.