Canarias modifica el teletrabajo público: nuevos requisitos y más controles
El Gobierno de Canarias ha aprobado una modificación de la normativa que regula el teletrabajo en la Administración autonómica con el objetivo de adaptar el sistema a los cambios legislativos introducidos en los últimos años y corregir diversas incidencias detectadas durante su aplicación.
La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), actualiza el Decreto 74/2023, que regula la prestación de servicios en modalidad de teletrabajo para el personal de la Comunidad Autónoma, sus organismos autónomos y entidades públicas dependientes.
Entre los cambios más relevantes figura la modificación del régimen de resolución de las solicitudes. A partir de ahora, la Administración dispondrá de un plazo máximo de tres meses para autorizar o denegar expresamente la petición. En caso de que no exista resolución dentro de ese periodo, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo.
La nueva regulación también refuerza los requisitos exigidos a los trabajadores que deseen acogerse a esta modalidad. Los empleados públicos deberán acreditar conocimientos suficientes en el uso de las herramientas tecnológicas corporativas necesarias para el desempeño de sus funciones. Además, tendrán que disponer de un espacio adecuado para trabajar a distancia, con conexión a internet y adaptado a las exigencias de prevención de riesgos laborales.
Otro de los aspectos incorporados por la norma afecta a la experiencia previa requerida. Los solicitantes deberán haber prestado servicios de forma ininterrumpida en la Administración autonómica durante al menos un año y haber desempeñado durante un mínimo de tres meses consecutivos un puesto con funciones equivalentes dentro del mismo centro directivo.
Regularización de autorizaciones vigentes
La modificación normativa también tendrá consecuencias para las autorizaciones ya concedidas. El decreto establece un periodo máximo de tres meses para adaptar los permisos de teletrabajo actualmente en vigor a los nuevos requisitos. Una vez transcurrido ese plazo, la Administración podrá iniciar procedimientos para revocar aquellas autorizaciones que no cumplan las condiciones actualizadas.
Asimismo, la norma incorpora nuevas obligaciones de evaluación y seguimiento. La Inspección General de Servicios deberá analizar el grado de cumplimiento de la regulación una vez concluya el proceso de regularización y trasladar los resultados al Gobierno de Canarias.
Según recoge el texto normativo, la reforma responde tanto a la experiencia acumulada durante los dos años de aplicación del decreto vigente como a los cambios introducidos por la Ley 2/2025 sobre gestión eficiente y calidad en el empleo público.
