El Cabildo subvencionará la acogida temprana y de tarde que prestan las AMPAS
El Pleno del Cabildo de Lanzarote aprobó este viernes una moción para subvencionar los servicios de acogida temprana y de tarde que prestan las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (AMPAS) de la isla. La iniciativa permitirá financiar actividades que se desarrollan fuera del horario lectivo y que hasta ahora se sostenían, en muchos casos, con recursos propios de las propias asociaciones.
La propuesta contempla la creación de una línea específica de subvenciones destinada a facilitar la conciliación familiar y laboral, una de las principales dificultades señaladas por las familias con menores en edad escolar. La medida incluye, además, la posibilidad de contratar personal auxiliar para atender al alumnado con necesidades educativas especiales durante estos periodos.
Durante el debate plenario, la consejera del PSOE en el Cabildo, Celeste Callero, defendió la necesidad de que las administraciones públicas den respuestas estables a servicios que ya se están prestando en los centros educativos. En su intervención recordó que la diferencia entre los horarios laborales y escolares sigue generando problemas organizativos para muchas familias de Lanzarote.
Según se expuso en el pleno, la falta de apoyo institucional ha obligado a las AMPAS a asumir durante años la organización y financiación de estos servicios, con una carga económica y de gestión que no todas las comunidades educativas pueden sostener. Esta situación afecta de manera especial a las familias con menores que requieren atención específica.
La aprobación de la moción abre ahora la puerta a que el Cabildo habilite financiación pública para cubrir tanto el funcionamiento de la acogida temprana y de tarde como la atención de alumnado con necesidades educativas especiales, uno de los aspectos más demandados por las familias y los centros.
Desde el Grupo Socialista se señaló que esta medida se enmarca en una política social orientada a reducir desigualdades y a mejorar el acceso a servicios básicos vinculados a la educación. El acuerdo plenario supone un primer paso para definir las bases reguladoras, la dotación económica y los criterios de acceso a estas ayudas.
