Los antiguos gestores de Inalsa podrían afrontar aún responsabilidades judiciales
El futuro judicial de los antiguos administradores de Inalsa -empresa pública del Consorcio del Agua de Lanzarote- sigue en el aire tras la decisión del Tribunal Supremo de declarar desierto el recurso de casación presentado contra la sentencia que ordenó evaluar su responsabilidad en la quiebra de la empresa pública de aguas de Lanzarote.
La decisión abre la puerta a que el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Las Palmas determine si procede o no su culpabilidad en la gestión que llevó a la entidad a un concurso de acreedores con una deuda de 50 millones de euros.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha anunciado este lunes la decisión del Alto Tribunal en el marco de la Asamblea General del Consorcio del Agua de Lanzarote. Según ha explicado, la resolución del Supremo, con fecha del 18 de diciembre de 2024, mantiene vigente la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas del 24 de febrero de 2017. Dicha sentencia obligaba a abrir la denominada «sección sexta» del concurso de acreedores de Inalsa para esclarecer la posible responsabilidad de los gestores de la empresa y, en su caso, fijar indemnizaciones.
La acción judicial se originó a raíz del recurso de apelación interpuesto en noviembre de 2015 por la mercantil Edam Janubio UTE. La empresa recurrió el convenio firmado entre Inalsa y sus acreedores, alegando que el acuerdo implicaba una quita del 21,76% de la deuda y una espera de cinco años. En 2017, la Audiencia Provincial falló a su favor y revocó una sentencia previa de 2013 del Juzgado de lo Mercantil, que había dado luz verde a dicho convenio.
En este contexto, la falta de representación procesal ha llevado al Tribunal Supremo a rechazar el recurso de casación presentado por los administradores concursales de Inalsa, dejando vía libre para que el proceso continúe en el juzgado de primera instancia.
Posibles consecuencias para los exadministradores
El próximo paso será la celebración del incidente judicial en el Juzgado de lo Mercantil de Las Palmas, que tendrá que decidir si los antiguos gestores de Inalsa son responsables de la situación financiera que derivó en el concurso de acreedores. En caso de que se determine su culpabilidad, podrían enfrentarse a sanciones económicas y otras medidas legales.
Cabe recordar que, en 2020, el mismo juzgado ordenó el embargo preventivo de propiedades de 17 miembros de los consejos de administración de Inalsa entre julio de 2007 y junio de 2009. Estos embargos se produjeron en el marco del proceso para evaluar el impacto de su gestión en la crisis financiera de la empresa.
Delegación de competencias por la emergencia hídrica
Durante la Asamblea General del Consorcio del Agua, se ha aprobado también la delegación de competencias en materia de contratación en el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort. Esta medida se enmarca en la declaración de emergencia hídrica en Lanzarote y tiene como objetivo agilizar los trámites de adjudicación de obras hidráulicas para garantizar el suministro de agua en la isla.
